Cuando el mercado funciona de forma eficiente, el Estado se limita a proporcionar un marco normativo que garantice los intercambios económicos entre oferentes y demandantes. Sin embargo, existen situaciones en las que concurren una serie de fallos de mercado que hacen a éste ineficaz para resolver los problemas económicos. 

En estas circunstancias, se justifica la intervención del Estado por razones sociales y por razones de eficiencia.

Desde los mercantilistas (mediados del siglo XVI) que reclamaban la presencia del estado para la consolidación de los estados nacionales, hasta los monetaristas (neoliberales del siglo XX) que defienden la libertad de los mercados con la mínima intervención del estado, el dualismo estado-mercado ha sido una constante en la historia de la economía moderna.

Si el mercantilismo exigía un Estado fuerte capaz de tomar las medidas necesarias para regular la economía, el liberalismo económico, que imperó desde el comienzo de la revolución industrial (finales del siglo XVIII) hasta la Primera Guerra Mundial, defendían la mínima intervención del Estado:

"Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui même"

(Dejad hacer, dejad pasar, el mundo funciona solo)

Adam Smith, considerado el fundador del liberalismo económico, propugnaba la mínima intervención del Estado, ya que el mercado y su "mano invisible" eran capaces de resolver las cuestiones básicas de toda economía.

Y así perduró este pensamiento de no intervención del estado en los asuntos económicos hasta 1929, cuando se produjo el crack económico mundial que puso en duda las bondades del mercado como mecanismo para garantizar el uso eficiente de los recursos.

Como medidas para salir de esta crisis, Keynes defendía la necesidad de incrementar el consumo y la inversión y, para ello, era necesaria la intervención del Estado proponiendo una economía mixta entre el sistema de economía de mercado y el sistema de economía planificada.

Desde el final de la segunda guerra mundial, y durante cerca de tres décadas,  las teorías keynesianas fueron aplicadas en muchos países hasta que en 1973 se dispararon los costes de producción surgiendo la conocida crisis del petróleo.

Para esta una nueva situación, en la que coexistían desempleo e inflación, no encajaban las fórmulas keynesianas. Es cuando se vuelve a las teorías neoliberales, con Milton Friedman  al frente, defendiendo la libertad de los mercados y la mínima intervención del estado.

¿Por qué debe intervenir el Estado?

Sin embargo, está constatado que existen ciertas situaciones en las que el mercado no es capaz de responder a estas preguntas básicas de la economía y que además, no siempre asegura que las decisiones tomadas desde el punto de vista particulares sean óptimas desde el punto de vista de la sociedad, conduciendo a ésta a situaciones críticas como las desigualdades sociales, la contaminación del medio ambiente o los abusos de las empresas (monopolios).  Es lo que se denominan fallos o limitaciones del mercado.

Efectivamente, el mercado no funciona tan eficazmente como se pensaba, presentando fallos en la asignación de los recursos disponibles y deficiencias en la distribución de la renta. Es por ello, por lo que se exige la intervención del estado para corregir estos fallos o al menos, mitigarlos.

¿Cómo interviene el Estado en la economía?

Para explicar las distintas formas que tiene el Estado  de intervenir en la economía de un país vamos a tomar como guía los fallos del mercado que han provocado esta intervención:

Fallos de la economía de mercado

1. No logra suavizar la inestabilidad de los ciclos económicos (crisis)

2. No garantiza la satisfacción de determinadas necesidades colectivas

3. No contempla las externalidades: costes y beneficios externos

4. Posibilita la falta de competencia

5. Genera una  distribución desigual de la renta

1. No logra suavizar la inestabilidad de los ciclos económicos (crisis)

Una de las mayores críticas que recibe la economía de mercado es que no logra alcanzar un crecimiento económico estable. Sabemos  que la actividad económica sufre oscilaciones que dan lugar de forma alternada a épocas de expansión, donde la actividad económica y el empleo crecen considerablemente, y épocas de recesión y depresión (crisis) en las que el desempleo es elevado y una gran parte de los factores de producción disponibles permanecen ociosos.

Esta alternancia de períodos de bonanza con períodos de crisis (ciclos económicos) provocan inestabiidad económica.

Pues bien, ha quedado demostrado (crack de 1929) que la "mano invisible" de la economía  no es capaz de solventar estos problemas  en épocas de  crisis. La  autorregulación de la economía de Adam Smith no funciona en los períodos de recesión  y es entonces, como defendía J.M. Keynes, cuando es necesaria la intervención del estado.

Intervención del Estado: Función estabilizadora

El impacto tan negativo que ejerce esta inestabilidad en la economía de un país, que afecta de manera especial a los puestos de trabajo, hace que sea necesaria la intervención del Estado para atenuarlo, aumentando el gasto público para compensar la disminución de la inversión privada.

Desde la Gran Depresión de 1929 y la publicación de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (J.M. Keynes, 1936) se considera que es responsabilidad del Estado suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos.

Es el estado el que debe procurar  que las transiciones entre las fases de expansión y las fases de recesión que sufre la actividad económica sean lo más suaves posible  y, para ello,  deben aplicar políticas económicas que favorezcan un crecimiento sostenible de la economía.

Pero esta intervención del Estado no debe limitarse a los períodos de recesión o crisis. También en las épocas de crecimiento el Estado debe controlar los mercados para evitar la creación de "burbujas" económicas.

Por lo tanto, existirán diferentes políticas económicas a aplicar, según el momento del ciclo en el que se encuentre la economía.

2. No garantiza la satisfacción de determinadas necesidades colectivas

Las carreteras, la defensa nacional, la justicia, etc., son bienes y servicios  muy importantes para la sociedad. Sin embargo, el mercado no los ofrece, ya que no son rentables para un inversor privado, y si lo hace, los suministra en cantidades menores a la demandada, como es el caso de la sanidad o la educación, donde las empresas privadas ofrecen una cantidad insuficiente para satisfacer la demanda social de estos bienes.

Intervención del Estado: Función suministrador de bienes y servicios públicos

Estamos hablando de los llamados  bienes públicos, cuyo suministro y gestión debe ser asumido por el Estado mediante las siguientes formas:

• Aportación directa del Estado. Es el caso de la sanidad, la justicia, la policía, el ejército, la educación, etc.

• Adquisición a empresas privadas para su posterior suministro gratuito entre la población. Así tenemos el alumbrado, las carreteras, los puentes, etc.

• Subvencionando parcialmente su adquisición: sanidad, medicación, viviendas de protección oficial, educación concertada, etc.

Evidentemente, estas aportaciones implican, en la mayoría de las ocasiones, la asunción por parte del Estado de pérdidas  o poca eficiencia productiva.

3. No contempla las externalidades: costes y beneficios externos

Las externalidades son gastos o beneficios no registrados y que, por lo tanto, no están reflejados en los precios de los productos y servicios.

Por ejemplo, la energía nuclear reporta beneficios para el productor de electricidad, pero tiene un impacto negativo en el medio ambiente al generar desechos radioactivos. Lo mismo ocurre con los coches, que aportan grandes ventajas para sus usuarios, pero perjudica el medio ambiente con la emisión de gases.

Nos estamos refiriendo a las externalidades negativas que generalmente están relacionadas con  la contaminación y el deterioro del entorno. Como sus efectos no están contemplados en los costes de las empresas, tampoco están reflejados en los precios de los bienes, y éste es el fallo del mercado, ya que está dando información errónea al no recoger todos los costes reales; solo se consideran  los costes internos prescindiendo de los costes externos o externalidades.

Evidentemente, también existen las externalidades positivas, que tampoco se contemplan en el precio del producto. Es el caso de las actividades de investigación desarrolladas por algunas empresas y que finalmente serán utilizados por otras. La rentabilidad generada por sus beneficiarios indirectos nunca quedará reflejada.

Intervención del estado: función reguladora sobre el medio ambiental

Ya que el mercado no asume estas externalidades, será necesario poner en marcha una serie de medidas que   penalicen aquellas actividades que afecten negativamente a la sociedad o incentive aquellas que resulten beneficiosas. Queda justificada una vez más la intervención del Estado, que será el encargado de articular estos instrumentos mediante una política medioambiental:

• Estableciendo impuestos sobre aquellas actividades que afecten negativamente a la sociedad (Quien contamina paga). Estos impuestos aumentará el coste de producción obligando a las empresas  a buscar materiales o procesos menos contaminantes.

• Subvencionando aquellas actividades que resulten beneficiosas para la sociedad. Por ejemplo, las inversiones en energías alternativas, materiales ecológicos, paneles solares, etc.

• Regulando las actividades, restringiendo aquellas que generen efectos negativos (horario de discotecas) o promoviendo las que tengan efectos positivos.

4. Posibilita la falta de competencia

Cuando no existe competencia (monopolios o acuerdos oligopólicos) las empresas usan su poder para imponer unos precios y unas cantidades que no son las que satisfacen los deseos de los consumidores.

Estas empresas dominantes, además de desequilibrar el mercado, impiden que éste funcione libremente, ya que, a través de sus campañas publicitarias, crean necesidades en los consumidores de forma artificial.

Intervención del estado: Función defensora de la libre competencia

Una vez más, es necesaria la intervención del Estado, en este caso, para intentar restaurar un entorno competitivo que no perjudique al consumidor y, al mismo tiempo, incentive a la empresa a mejorar la calidad y a ajustar los precios.

Para garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados y ejercer la defensa de la competencia, el Estado pone a disposición de la sociedad la Comisión Nacional de la Competencia,  institución encargada de las labores de vigilancia, inspección e investigación de prácticas que restringen o falsean la competencia, así como el ejercicio de las instrucciones de expedientes, estableciendo, en su caso, las correspondientes sanciones.

5. Genera una distribución desigual de la renta

Una de las quejas más frecuentes contra el mercado es su  mala eficacia en el reparto de la riqueza.

Por la ley de la oferta y la demanda, en el mercado solo se expresan aquellos cuyo nivel de renta les permite pagar los precios de los bienes y servicios que ofrecen las empresas, acentuándose  las desigualdades económicas.

Es decir, las posibilidades de acceder al mercado dependen de la capacidad adquisitiva de los consumidores, resultando mucho más fácil a los que tienen dinero y muy complicado a los que no tienen recursos.

Por este motivo,  se debe recurrir a la intervención del Estado para que intente distribuir la renta de manera más igualitaria, transfiriendo de quienes tienen más a quienes tienen menos.

Intervención del estado: Función redistribuidora de la renta

La redistribución de la renta es el proceso mediante el cual el Estado vuelve a distribuir, de acuerdo con el principio de equidad, los fondos que previamente fueron asignados por el mercado a los ciudadanos.

Su objetivo es intentar que las diferencias entre las rentas de los individuos no superen determinados niveles y que todos alcancen, al menos, unos niveles mínimos. Al mismo tiempo, se pretende que cada uno de los individuos de la sociedad pueda acceder en igualdad de oportunidades a todos los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, etc.).

Es así como surgen las diferentes funciones del Estado en la economía, cuya ejecución y desarrollo da lugar a la política económica:

¿Cuánto debe intervenir el Estado en la economía?

Ya hemos visto en la reseña histórica que para el Mercantilismo la intervención del Estado era esencial. Necesitaban de una fuerte autoridad central para la expansión de los mercados y la protección de los intereses comerciales.

Sin embargo, los defensores del Liberalismo económico limitaban la intervención estatal a garantizar el funcionamiento de la economía de mercado. Para ellos, los mercados se ajustan por sí mismos. Ante las perturbaciones de la  actividad económica, las fuerzas internas del mercado restablecerían el equilibrio ("la mano invisible de Adam Smith") sin necesidad de actuación alguna. Por lo tanto, no consideraban necesaria la intervención del estado.

Actualmente, tras la crisis financiera iniciada en 2008, parece ser que existe un retorno a la idea  de que los mercados requieren más intervención de la autoridad pública ("Teoría keynesiana de la Demanda agregada").

La Economía Mixta, sistema basado en la economía de mercado, pero con la intervención más o menos elevada del Estado, parece ser la alternativa más idónea y de hecho, es el sistema económico más extendido hoy en día entre los países desarrollados.

Como conclusión a este artículo y revisadas las distintas situaciones en las que el mercado, por sí solo, no es capaz de dar respuestas a ciertos problemas económicos, podemos afirmar que el debate central hoy en día no es si el estado debe o no debe intervenir en la economía, sino cuánto debe intervenir.

Evidentemente, no existe una fórmula perfecta sobre qué proporción entre estado y mercado es la más conveniente, y a la vez justa,  para regir la actividad económica de una sociedad. En pleno siglo XXI, la evolución esperada para resolver los problemas económicos de un país será una constante búsqueda de espacios comunes donde lo público y lo privado puedan colaborar entre sí. Lo ideal sería que ambas instituciones, estado y mercado, se complementaran en estas tareas, tomando la eficiencia y la equidad como pilares sobre los que se construyan los futuros sistemas económicos.